Riadas, gotas frías y DANAs: breve recorrido por la desmemoria y los despropósitos climáticos

El barranco empieza en las montañas de Buñol con dirección a Chiva y continúa por el término de Cheste, cruza el llano de Quart junto a la venta del Poyo, pasa después por las cercanías de Torrent y de Catarroja, y desagua en la Albufera de Valencia. Su profundo y ancho cauce siempre está seco, salvo en las avenidas cuando corre tan furiosamente, que destruye cuanto encuentra. En Chiva,  sorprendió a media noche sus vecinos, asolando un número considerable de edificios, esparciendo en varios kilómetros los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte.

El río, que en sus mayores inundaciones jamás había alcanzado sus calles, llegó esta vez a inundar la parte baja de la población, penetrando en el cuartel de la Guardia Civil, en el juzgado y en las cárceles…

Los dos párrafos anteriores, que pudieran describir perfectamente la reciente catástrofe registrada en los alrededores de Valencia semanas atrás (octubre de 2024), corresponde en realidad a episodios mucho más antiguos. En el primero de ellos, el ilustre naturalista Antonio José Cavanilles narra lo que ocurrió hace ya dos siglos y medio (1775) en el Barranco del Poyo, ese mismo cauce que acaba de llevarse tantas vidas por delante. El segundo corresponde a la descripción realizada por Vicente Boix, cronista de Valencia,  de la Riada de San Carlos (así llamada por coincidir con la festividad de San Carlos Borromeo), cuando en noviembre de 1864 se desbordó el Río Júcar, el mismo que algo más de un siglo después arrasó la presa de Tous y toda la comarca de la Ribera.

Pero en realidad, estos dos episodios no son más que una simple muestra de las numerosas inundaciones que vienen asolando la costa mediterránea en general (como las acaecidas en Barcelona, Málaga o Murcia) y la región de Valencia en particular desde tiempos inmemoriales. Entre 1321 y la actualidad, se han contabilizado 27 riadas en Valencia (incluyendo esta última de 2024), con un intervalo promedio de unos 25 años, casi cuatro riadas por siglo. El alcance de muchos de estos episodios ha quedado registrado en placas o azulejos fijadas a los muros en muchas localidades ribereñas, donde una marca horizontal señala el nivel que alcanzaron las aguas.

Es muy importante señalar que la mayor parte de las riadas que tuvieron lugar entre el siglo XIV y el XIX se produjeron durante un período de frío generalizado conocido como la Pequeña Edad de Hielo. En la gráfica de la izquierda en la figura adjunta, la línea azul representa la evolución de la temperatura desde el año 1200 hasta la actualidad, mientras que los círculos anaranjados señalan el momento en que se produjeron las 27 riadas antes mencionadas en Valencia, además de otras riadas en Murcia y en Mallorca. Es destacable la continuidad con que aparecen estas catástrofes, tanto en los momentos en que la temperatura es ascendente como descendente, de forma totalmente independiente de la evolución térmica. O, incluso, se podría decir que tienden a ser más frecuentes en los tramos en que la temperatura desciende.

La figura de la de la derecha corresponde una ampliación de la gráfica anterior, desde el inicio de la época industrial hasta la actualidad, donde se muestra como las grandes riadas de los años 1944, 1957 y 1982 se produjeron en un momento en que la tierra se estaba enfriando. Cabe recordar que, en aquellos momentos, la evolución térmica hacía temer la llegada de una nueva glaciación. Así pues, los registros históricos demuestran que no existe ninguna correlación entre el calentamiento global y un supuesto aumento de la intensidad o frecuencia de las DANAS.

Así pues, los registros históricos demuestran que no existe ninguna correlación entre el calentamiento global y un supuesto aumento de la densidad o frecuencia de las DANAS.

La persistencia en el tiempo de estos fenómenos meteorológicos extremos indica que forman parte de la normalidad climática de la región, como lo demuestran no sólo los abundantes registros y documentos históricos, sino también las manifestaciones artísticas. Un excelente ejemplo de este tipo de testimonios es el óleo Amor de Madre, pintado por Antonio Muñoz Degrain en 1913, representando los dramáticos esfuerzos de una madre, intentando salvar a su hijo de las aguas desbocadas por una inundación en la huerta de Valencia.

Algo similar puede decirse del campo de la literatura, donde han quedado descritas las dramáticas consecuencias de las lluvias torrenciales que puntualmente llegaban cada año con la entrada del otoño. En algunas ocasiones, las condiciones meteorológicas produjeron grandes hambrunas y problemas sociales por falta de jornales para los braceros, que incluso llegaron a degenerar en revueltas, como describe magistralmente el ilustre Rafael Comenge Dalmau en sus novelas costumbristas.

En los ambientes rurales de la Ribera del Júcar, las periódicas crecidas otoñales del río, que de cuando en cuando se salían de madre y llegaban a ser inundaciones, formaban parte de lo habitual. El autor de este artículo, testigo directo de las tres últimas grandes riadas y oriundo de Alberic (localidad situada algunos kilómetros aguas abajo del tristemente famoso embalse de Tous), recuerda como su abuela le contaba historias de su infancia en otra localidad ribereña, Poliñá del Júcar. En aquella época, a principios del siglo XX, antes de que se hubiesen construido las grandes presas y embalses reguladores, al llegar la otoñada, era el sereno quien se encargaba de vigilar por las noches el agua del río. Y cuando este alcanzaba niveles peligrosos, despertaba a grandes voces a los vecinos para que acudiesen a la orilla para colocar sacos terreros y proteger las casas de la localidad, aunque fuese de forma rudimentaria, precaria y temporal.

La reiteración de estas situaciones ha llevado a la sabiduría popular a registrar sus conocimientos en el refranero. Así, mirando al cielo, cuando los agricultores veían que los negros nubarrones rodeaban las cimas de los montes próximos, pontificaban que quan la Murta s’emborrasca i Matamon fa capell, llaurador, pica espart i fes cordell («cuando la Murta se emborrasca y el Matamon tiene sombrero, labrador, coge esparto y haz cuerdas»). La Murta y Matamon son dos cimas de los relieves aledaños a la Ribera del Júcar, donde suelen engancharse las nubes portadoras de fuertes lluvias. Por eso, el refrán insta a los labradores a pasar el tiempo en casa trenzando cuerdas de esparto, ya que será imposible salir al campo a trabajar.

Con el paso del tiempo, a finales del siglo XX, las tormentas fuertes pasaron a llamarse con el descriptivo término de gotas frías, nomenclatura que ha sido sustituida en los últimos años por la críptica denominación que ya es tristemente bien conocida por todos, DANA o Depresión Aislada en Niveles Altos. Pero en realidad, la tecnificación del nombre no afecta a la naturaleza del fenómeno, aunque la mona se vista de seda mona se queda, y las DANAS de octubre o noviembre en la región valenciana no son más que las tormentas otoñales de toda la vida.

Volviendo al momento actual, los datos oficiales indican que la pluviosidad registrada en este último episodio de 2024 no ha sido superior a la que se registró en 1982, cuando la intensa lluvia se mantuvo durante tres días de diluvio continuo. Tampoco lo fue el volumen de la avenida, 7.500 metros cúbicos por segundo en 1982, y tan sólo 2.500 en 2024. Además, desde entonces han transcurrido ya 42 años, superando largamente el intervalo promedio entre riadas mencionado anteriormente. Por todo ello, además de lo anteriormente mencionado, es difícilmente justificable invocar al calentamiento global como responsable del recrudecimiento de unos fenómenos que, con similar violencia, se vienen repitiendo sistemáticamente desde mucho antes de la época industrial y de las emisiones de CO₂ antropogénico a la atmósfera.

Cabe preguntarse entonces por qué, disponiendo de la experiencia acumulada durante siglos, y teniendo a nuestro alcance la capacidad tecnológica para implementar medidas preventivas o paliativas, no ha sido posible evitar esta dramática catástrofe. Como ocurre con frecuencia, no es debido a una causa única, sino a la fatal convergencia de varios factores.

En primer lugar, a la propia naturaleza, al comportamiento de nuestra atmósfera,  tremendamente complicado y difícil de parametrizar en todos sus detalles, a pesar de las largas series estadísticas almacenadas y de las potentes herramientas de cálculo que ha proporcionado el desarrollo informático. Lo ocurrido a finales de octubre de 2024 demuestra que aún no es posible prever con detalle el comportamiento y las consecuencias de una DANA. Y esta limitación, no atribuible a ningún error técnico, sino simplemente debida a la extrema complejidad del proceso, nos obliga a reflexionar sobre la fiabilidad de las profecías climáticas. Si los modelos climáticos aún no son capaces de pronosticar correctamente lo que va a ocurrir en un futuro inmediato, ¿qué fiabilidad pueden tener las predicciones catastrofistas para un futuro lejano? En segundo lugar, la carencia de infraestructuras adecuadas. Esta riada de 2024 ha demostrado de forma indiscutible lo indispensables que resultan dichas construcciones para impedir o minimizar los efectos devastadores de las crecidas. Como consecuencia de las funestas consecuencias de la riada del Turia en 1957, se desvió el río mediante un cauce artificial capaz de albergar un caudal de agua equivalente a tres veces el del río Ebro a su paso por Zaragoza. Este cauce, cuya construcción fue culminada en 1969, ha sido capaz de desviar y conducir el enorme flujo de agua que se había descargado en la parte media y baja de la Cuenca del Turia, salvando así a la ciudad de Valencia de una destrucción segura. Algo similar ha ocurrido un poco más al sur, en el río Magro, afluente del Júcar, donde el embalse de Forata, situado aguas arriba de Turís y también terminado en 1969, ha permitido laminar la crecida (estaba prácticamente vacío cuando se inició la DANA), y contener 30 hectómetros cúbicos en tan sólo 15 horas.

Esa capacidad ha permitido disminuir sensiblemente el impacto de la riada en las poblaciones de la Ribera Baja del Júcar, especialmente en Algemesí, donde las consecuencias hubiesen sido terriblemente dramáticas si esta presa no hubiese existido.

Eso es precisamente lo que no ha ocurrido un poco más al norte, porque entre los dos ríos anteriores, entre el Turia y el Magro, se encuentra otro de esos cauces que, aun estando casi siempre secos, son capaces de transformarse en pocas horas en caudalosos ríos, el Barranco del Poyo, como ya describió Cavanilles en el último tercio del siglo XVIII. Desgraciadamente, este cauce carece de presa reguladora y, a pesar de que su construcción está planificada (aguas arriba de Cheste) desde hace mucho tiempo, la obra nunca ha llegado a ejecutarse. Como la realidad se ha encargado de demostrar, las consecuencias derivadas de la ausencia de esta infraestructura imprescindible han sido trágicas.

En tercer lugar, debe mencionarse la situación de los cauces. La falta de actividades de limpieza de la vegetación y la prohibición vigente de cortar cañaverales (una actividad que ha sido tradicional en la huerta para utilizar las cañas en labores agrícolas), han afectado a la capacidad de drenaje, al verse la circulación del agua obstaculizada por la masa vegetal. Esa situación reduce la velocidad del agua y su caudal, formándose tapones por la vegetación arrancada. Estos obstáculos, al ser desbordados por el agua, colapsan y generan olas que avanzan a gran velocidad, con fuerza suficiente para llevarse por delante todo lo que encuentran a su paso (incluyendo los vehículos aparcados en las calles) y elevando rápidamente el nivel del agua. Esta situación permite explicar en parte la diferente mortandad entre las dos últimas riadas. A pesar de que las precipitaciones y el caudal de la avenida de 1982 fueron muy superiores a la de 2024, su mortalidad fue de 8 personas fallecidas, muy por debajo de los aproximadamente tres centenares de víctimas (entre muertos y desaparecidos) contabilizados en 2024, porque la mayor velocidad de ascenso del agua impidió a mucha gente tener tiempo para ponerse a salvo.

Además, la vegetación arrastrada por el agua, tapona los ojos de los puentes, llegando a derribarlos en algunos casos y generando a su vez nuevas olas. Debe recordarse que los puentes están calculados para permitir el paso de agua en caso de las avenidas más grandes registradas durante los últimos centenares de años, pero no para resistir los esfuerzos horizontales de una masa de agua, barro y vegetación que se desplaza a gran velocidad. Durante la reciente riada de 2024, han sido 26 los puentes destruidos o que necesitan reparaciones para poder ser utilizados.

En cuarto lugar, deben mencionarse los cambios drásticos en el uso del suelo, que en las zonas más afectadas, en las poblaciones de la Huerta Sur, antes predominantemente rústicas, se han transformado en áreas urbanas, ciudades–dormitorio en el entorno metropolitano de Valencia. En las localidades atravesadas por el Barranco del Poyo, tampoco se han construido las infraestructuras imprescindibles (pozos de tormenta, canales o nuevos cauces artificiales) para minimizar los efectos de las avalanchas de agua. Tampoco se ha prestado atención a la delimitación de zonas inundables, edificando masivamente y de forma insensata en el entorno inmediato de los cauces. Incluso, fuera de las zonas urbanas, pero en áreas también inundables, se han alojado polígonos industriales y centros comerciales, llegando a construir aparcamientos subterráneos con capacidad para miles de vehículos.

Por último, en quinto lugar, como causa más importante de la tragedia, debe mencionarse la falta de eficiencia de los diferentes organismos oficiales, tanto en las medidas preventivas como en la gestión de la crisis, que han fallado estrepitosamente a todos los niveles y desde todos los puntos de vista. Aún teniendo en cuenta las dificultades ya mencionadas para la predicción en el comportamiento de una DANA, cabe preguntarse si los mecanismos de control y de alerta han funcionado adecuadamente y si se ha advertido a la población con la anticipación que hubiese podido evitar muchas muertes. La falta de coordinación entre los gobiernos central y autonómico ha sido palmaria, enfrentados desde el momento en que se empezaba a vislumbrar la catástrofe y más preocupados en señalar la paja en el ojo ajeno que en aportar soluciones eficaces. Este vergonzoso enfrentamiento ha causado estupor fuera de nuestras fronteras, dando lugar a muchos comentarios en la prensa internacional, magistralmente sintetizados en la viñeta adjunta.

Pero además de la horrorosa gestión de los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la avenida, no hay que perder de vista lo ocurrido en las décadas anteriores, en lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer y que podría haber evitado centenares de muertes y miles de millones en pérdidas materiales. Habiendo numerosos estudios y cartografías delimitando las áreas de riesgo, ¿por qué los municipios (con la vista gorda de las autoridades autonómicas y nacionales) han permitido la edificación en zonas inundables?

Por otra parte, se hace indispensable una revisión seria y profunda de la normativa medioambiental que prohíbe la limpieza de los cauces, al menos en los tramos próximos a la costa mediterránea, donde de forma reincidente y sistemática aparecen este tipo de fenómenos meteorológicos. Como se ha detallado anteriormente, si los cauces hubiesen estado limpios de maleza, se hubiese minimizado la violencia de la avenida, contribuyendo así a disminuir la mortalidad.

Por último, ¿por qué no se han construido las infraestructuras necesarias si ya estaban realizados los estudios pertinentes para la adjudicación de la obra, existiendo la capacidad técnica y económica para su ejecución? No hace falta ser experto para afirmar que, si hubiese estado construida la presa que estaba prevista en el Barranco del Poyo en los alrededores de Cheste, se hubiese podido reducir sensiblemente la crecida del mismo modo que lo ha hecho el embalse de Forata, evitando así muchas desgracias.

Durante los días siguientes a la catástrofe, como suele ocurrir en estas ocasiones, ha habido una verdadera avalancha de informaciones relativas a la política de presas y embalses en España, y no todos los datos difundidos son correctos. Así, por ejemplo, se ha llegado a decir que la demolición de embalses y azudes realizadas durante los años recientes había afectado de forma sensible a la cuenca del Barranco del Poyo, atribuyéndole la responsabilidad de la falta de infraestructuras hidráulicas para disminuir la peligrosidad de la riada. Si bien esta información es rotundamente falsa, no deja de ser cierto que desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha mostrado mucho más interés en destruir infraestructuras existentes que en construir nuevas. Así lo demuestra el hecho de que nuestro país sea líder destacado en la Unión Europea en la demolición de obstáculos fluviales, incluyendo presas y azudes. De acuerdo con el informe elaborado por Dam Removal Progress, en 2021 fueron destruidas en España 108 barreras fluviales, 133 en 2022 y  95 en 2023 (336 en total), incluyendo presas y azudes, muchísimo más de lo desmantelado por nuestros vecinos europeos.

En algunos casos, se trata de acciones justificadas por la obsolescencia o la inutilidad de las estructuras. Pero en otros casos, sólo parece deberse a una obsesión ideológica, carente de sentido práctico, similar al que se ha aplicado para justificar las voladuras de varias centrales térmicas para la generación de generación de electricidad mediante carbón. En cualquier caso, estos datos no serían relevantes para el caso que nos ocupa si no fuese porque, en paralelo, ese mismo ministerio tiene pendientes de ejecutar desde 2009 obras dirigidas precisamente a evitar inundaciones en la cuenca del Barranco del Poyo. La situación de este barranco no es excepcional, ya que en toda la Comunidad Valenciana, como en el resto de España, son numerosas las obras hidráulicas pendientes de ejecución desde hace 15 años. Es decir, que el gobierno ha centrado su interés en proteger la fauna y flora fluvial relegando a un segundo la seguridad de los ciudadanos, dando más importancia a los intereses ideológicos o políticos que a los derechos legítimos de los seres humanos, como son la seguridad y el derecho a la vida.

Pero desde una perspectiva temporal más amplia, no pueden cargarse todas las responsabilidades sobre los gobernantes actuales. El gobierno nacional del PP, que estuvo en el poder entre los años 2011 y 2018, si realmente tenía algún interés en desbloquear el proyecto del Barranco del Poyo, perdió una teórica ventana de oportunidad al coincidir en el tiempo con un gobierno autonómico de su mismo partido entre 2011 y 2015. Ahora, los dos partidos dominantes se tiran los trastos a la cabeza por la gestión de la crisis, intentando que pase desapercibida la incompetencia exhibida durante los últimos lustros. Porque en realidad, todos los problemas descritos tienen un denominador común, ya que tanto la carencia de infraestructuras hidráulicas como la limpieza de los cauces y la urbanización del suelo en lugares inadecuados son atribuibles a errores políticos de gestión o de falta de control.

Esta reflexión nos lleva indefectiblemente a una pregunta relativa a nuestro sistema político: ¿Tenemos los mecanismos adecuados que estimulen y faciliten el acceso de las personas idóneas a los puestos de responsabilidad, para que adopten las medidas adecuadas en el momento correcto? En nuestro régimen partitocrático, las entidades del poder del estado (incluyendo los parlamentos) se han convertido en simples transmisores de las decisiones adoptadas por los partidos, que se han constituido como una oligarquía que controla la soberanía efectiva. Al llegar al poder, el partido de turno asigna y reparte puestos de responsabilidad en función de criterios estrictamente políticos, independientemente de la capacidad, conocimientos y experiencia de las personas seleccionadas.

Esta práctica, que puede considerarse lógica y aceptable para los puestos más elevados de la Administración, se ha extendido hasta niveles muy bajos donde la responsabilidad debiera ser estrictamente técnica, bajo el eufemismo de que se trata de puestos de libre designación. Esta práctica permite, como hemos visto repetidamente a lo largo de los últimos lustros, que ocupen ministerios, secretarías de estado, consejerías, direcciones generales o presidencias de grandes empresas públicas, personas sin ninguna experiencia o conocimientos de los sectores que deben gestionar. Mientras tanto, los verdaderos expertos, los funcionarios que verdaderamente conocen la problemática en profundidad, quedan relegados al papel de meros asesores mientras las decisiones son adoptadas, salvo honrosas excepciones, por personas sin experiencia (y a veces sin los conocimientos más elementales) que, además,  tienden a priorizar los aspectos ideológicos o políticos sobre las cuestiones técnicas. Sólo así, en el caso que nos ocupa,  puede entenderse que existan deficiencias acumuladas a lo largo de los años, que se retrasen decisiones urgentes, o que se utilice el escenario de una crisis como campo de batallas políticas. En otoño de 1982, después de la catastrófica riada del Júcar y el colapso de la presa de Tous, el genial humorista Mingote dibujó una viñeta profética en la que vaticinaba el desinterés con que la clase política se esforzaría en evitar desastres similares en el futuro.  

Hoy, 42 años más tarde, podemos hacernos la misma reflexión, con el mismo pesimismo hacia el futuro, pero con un agravante adicional. Porque los políticos de hace cuatro décadas, al menos, no tenían la desfachatez y el cinismo de intentar ocultar su incompetencia con el inasumible argumento del cambio climático.

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Riadas, gotas frías y DANAs:
breve recorrido por la desmemoria y los despropósitos climáticos.
Por Enrique Ortega Gironés

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